Se incrementa la desaparición forzada, revela la ONU

contralinea.info

Hombres y mujeres permanecen contra su voluntad en instalaciones secretas del Estado, ya sea en su propio país o en un tercero, mientras que sus familias, abogados y organizaciones públicas reciben la negativa de las autoridades a informarles sobre su destino. Son los “incomunicados detenidos”, como se les conoce a quienes están incomunicados y se les oculta por días, meses y años, aunque las normas internacionales prohíban ese tratamiento. Ésa es la peor de las violaciones a los derechos humanos, pues suma otros delitos y se extiende a todo el círculo de la víctima, sostiene Jorge Camarena Tinoco, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, la desaparición forzada sigue siendo utilizada como un método de investigación y persecución en entidades como Guerrero, describe Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Detener a las personas con o sin orden judicial, sin informar de su paradero, afecta la rutina de sus allegados, pues cuando la víctima se ausenta, comienza un proceso de preocupación entre todos ellos que aumentará con el paso del tiempo. Al pasar las horas y días, los allegados ya agotaron la lista de sitios a los cuales dirigirse para preguntar por el paradero de su familiar: hospitales, retenes, cuarteles, cárceles o juzgados.

La desaparición forzada no sólo repercute en la persona que la sufre, sino que se extiende al círculo de las personas cercanas a ella. “Multiplique esa angustia acumulada en los primeros días y semanas de la desaparición por meses, años o décadas y se convierte en una zozobra indescriptible”, ejemplifica el investigador.

Es tal la afectación a la vida de las familias que algunos abandonan el trabajo o los estudios; otros dedican todo su tiempo a esperar el retorno de la víctima o aguardan noticias de ella. “No se puede cerrar esa herida emocional”, describe el doctor Camarena Tinoco.

Aunque su práctica se remota desde hace tiempo, apenas en septiembre de 2005 esta figura se tipificó legalmente como delito en la Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el estado de Guerrero. Con esa medida se buscó solucionar una deficiencia legal que afectaba su esclarecimiento. Anteriormente se le identificaba con un abuso de autoridad o se recurría a la figura del secuestro para perseguirla, a pesar de que no corresponde a ese delito, pues ahí se busca un fin económico y se tiene noticia de quién retiene a la víctima, comenta el experto.

El 9 de junio de 1994, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas fue el primer instrumento jurídico que estableció mecanismos que permitieran dictar sentencias definitivas y obligatorias en casos interestatales y particulares expresamente reconocidas por los Estados.

Deuda histórica

Luis Arriaga Valenzuela refiere que en México persiste la impunidad por las desapariciones forzadas que agentes del Estado practicaron en el pasado, pues no se ha resarcido el daño. En la actualidad, hay gran opacidad en la lucha contra el narcotráfico, por lo que le “parece poco responsable la respuesta del Estado mexicano al cuestionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”. Explica que 30 años después de la llamada Guerra Sucia, cuando las detenciones forzadas contra luchadores sociales y opositores fueron usuales, se observa un balance negativo en la obligación del Estado mexicano a garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación del daño.

A este respecto, el Informe documenta sobre 18 años de Guerra Sucia en México, que publicó el National Security Archive (NSA) en febrero de 2006, describe que esa denominación comprende un periodo que abarca década y media, desde fines de la década de 1970 a principios de 1980, llamado así en referencia a la forma en que el Estado mexicano condujo las acciones de contrainsurgencia.

Ese texto es el borrador de un informe de cuatro años de trabajo del fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto. En el documento se lee que las autoridades responsables de la seguridad implicaron al Ejército “en actos contrarios al honor, la ética y el derecho, en los que lo sucio de la Guerra Sucia implica crímenes de lesa humanidad que demandan del Estado mexicano que los responsables sean llevados a juicio; se les castigue”.

Ese borrador se hizo público “porque las familias de las víctimas de la Guerra Sucia y el resto de los mexicanos tienen el derecho a saber”, indicó Kate Doyle, directora del Proyecto México del NSA. El borrador también señala que es necesario establecer políticas de Estado que respeten los límites que supone un estado de derecho “para que jamás se vuelvan a repetir”.

Para Arriaga Valenzuela, el desempeño de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado fue “decepcionante”, pues su objetivo era investigar los llamados “crímenes del pasado”, y hasta el presente, el informe de ese órgano judicial “se oculta por el gobierno federal”.

Pese a la presión de organismos defensores, no se ha resarcido a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Guerra Sucia, por lo que se optó por recurrir a instancias internacionales, como la Corte Internacional de Derechos Humanos. Arriaga cita, como ejemplo de ese recurso, la sentencia dictada por esa instancia en el caso del campesino mexicano Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido, y posteriormente desaparecido, por un reten militar en Atoyac de Álvarez, Guerrero, el 25 de agosto de 1974.

Ese dictamen, en su opinión, confirma “que los gobiernos de la transición mexicana no han asumido la obligación de poner fin a la impunidad y sacar la verdad del ocultamiento”, por lo que se debe exigir que el cumplimiento de tal sentencia sea expedito, imparcial y cabal.

El también maestro en filosofía social y posgraduado en derechos humanos afirma que esa práctica continúa, “pero con otra modalidad, igual de perversa, pero ya en el marco de la lucha contra el crimen y, en ocasiones, contra el crimen organizado”.

Violar el derecho internacional

A pesar de que existen normas “inequívocas” al respecto, la detención secreta continúa en el mundo bajo el argumento del combate al terrorismo, indica la investigación de la ONU Detención arbitraria y desapariciones forzadas o involuntarias”, realizada por los expertos de ese organismo internacional.

Entre los autores de ese informe, destacan: Martin Scheinin, relator especial sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo; Manfred Nowac, relator especial sobre la Tortura y otras Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, representado por su vicepresidenta Shaheen Sardar Ali, y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en el que participó Jeremy Sarkin.

El documento, que atiende los nueve años transcurridos desde que comenzó la denominada “guerra global contra el terror”, está integrado por entrevistas con víctimas de esa práctica ilegal y una encuesta a 44 Estados, entre ellos México. Incluye también un capítulo sobre las detenciones secretas auspiciadas por el gobierno de George Walker Bush y su continuación bajo la administración de Obama.

Ahí se revisan las prácticas de detención secreta previas al 11 de septiembre de 2001. Destaca la “Operación Cóndor”, a la que juzgan como una política en la que los gobiernos participantes justificaban esas detenciones “y otras medidas excepcionales” bajo la doctrina de la seguridad nacional, que permitió la creación de “sistemas represivos por parte de las fuerzas armadas”, donde los derechos humanos y las libertades fundamentales fueron violadas a gran escala y se dañaron el estado de derecho y la democracia.

Describe que una persona es mantenida en detención secreta si el Estado autoriza actuar en su capacidad oficial o las personas actúan bajo las órdenes del mismo. Igualmente, se atribuye al Estado la privación de la libertad de las personas e impedirles todo contacto con el mundo exterior para transformarse en “detenido incomunicado”. Ese estatuto se aplica en casos donde la autoridad competente se niega o rehúsa a proporcionar información sobre el destino o paradero del detenido a su familia, abogados u organizaciones no gubernamentales.

Tal como señala Jorge Carmona, investigador de la UNAM, debido al secretismo que rodea a la práctica de la detención secreta, resulta difícil reunir información de primera mano para documentar estos casos. Por esa razón, los expertos de la ONU admiten, en su informe, que para lograr un cierto grado de certidumbre, consultaron a un amplio grupo de fuentes nacionales, regionales e internacionales; a esa información se sumó la respuesta al cuestionario que se envió a cada Estado miembro del organismo internacional.

Sólo 44 países respondieron. El dictamen sobre México dice: “No existen instancias de detención secreta en el sistema penitenciario. Incluso dentro del contexto de las detenciones militares, hay un requerimiento para mantener un registro de todos los detenidos, y hay salvaguardas procedimentales contra las detenciones secretas”. Además, se indica que México no se ha involucrado o colaborado en detenciones secretas en el territorio de otro Estado y, por lo tanto, no hay comentarios adicionales sobre la efectividad de medidas de detención secreta o contraterrorismo, o “en pasadas experiencias con la detención secreta”.

En contraste con la visión de los expertos y de los Grupos de Trabajo de la ONU, los especialistas en la defensa de los derechos humanos, entrevistados por Contralínea, aseguran que persiste la opacidad en la rendición de cuentas y restauración del daño a las víctimas por parte del Estado mexicano.

Estados Unidos captura y desaparece

A partir de 2005, surgió información de que agencias y organismos estadunidenses habían realizado capturas secretas, transfirieron a personas hacia otros Estados para interrogarlos o detenerlos sin cargos. Aparentemente, dice el informe de los expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esa práctica comenzó casi simultáneamente con la guerra global contra el terrorismo. La Agencia Central de Inteligencia (CIA) fue involucrada en la captura y transferencia directa de prisioneros de Irak, Afganistán y Pakistán hacia terceros países, así como en elaborar y proporcionar preguntas para el interrogatorio de las personas que eran retenidas en prisiones extranjeras.

Explica el informe que aún es difícil discernir un claro patrón de conducta, pues algunos prisioneros regresaron a la custodia de la CIA que, por norma general, los envió a la Base Naval de Guantánamo; aunque otros prisioneros fueron devueltos a sus naciones de origen o permanecieron bajo custodia de autoridades en terceros países. En su informe al Comité Contra la Tortura, el 13 de enero de 2006, el gobierno estadunidense aceptó que transfirió a “algunos enemigos combatientes” a sus países de nacionalidad para continuar con su detención.

Los expertos refieren que, en esa ocasión, se “intentó desviar las críticas a la política de enviar detenidos a países con bajo nivel de respeto a los derechos humanos”, pues afirmaron que el gobierno de ese país “no transfiere personas a países en los que puede haber tortura. Esa política fue calificada por varios cuerpos de la ONU, incluyendo los expertos y el Comité Contra la Tortura, de “extraordinaria rendición”; la consideraron también una clara violación de la ley internacional.

El informe documenta un ejemplo de colaboración de otros Estados para participar en detencionessecretas, como el caso de Muhammad Haydar Zammar, interrogado por agentes de las oficinas de seguridad alemanas mientras era retenido secretamente en Siria. No tuvo asistencia consular y, por lo tanto, no se pudo garantizar la observancia de sus derechos.

Khaled El-Masri fue secuestrado en la exrepública yugoslava de Macedonia el 31 de diciembre de 2003 y presumiblemente transferido hacia Afganistán donde fue retenido contra su voluntad hasta su regreso a Alemania el 29 de mayo de 2004. Un mes después, el Ministerio Federal de Justicia fue informado de estos hechos.

Canadá también figura como tercer Estado en las detenciones secretas por dotar de inteligencia a la República Árabe de Siria en los casos de Maher Arar, Ahmad El Maati, Abdullah Almaki y Muayyed Nureddin. En su declaración, el gobierno negó que hubiera solicitado la detención de estos individuos. Igualmente, Australia proporcionó inteligencia en los interrogatorios dedetención secreta de Mamdouh Habib, quien argumentó que un funcionario australiano estuvopresente durante, al menos, una de las sesiones a las que fue sometido en Egipto. (NE)

Contralínea 174 / 21 de marzo de 2010

Nanociencias y nanofuncionarios

Javier Flores (La Jornada)

Todo lo que somos y lo que nos rodea está formado por átomos. Transformar deliberadamente la estructura de la materia a nivel microscópico significa crear cosas desconocidas que nos permiten entender mejor la naturaleza y de las cuales podemos beneficiarnos. Éste es el campo de estudio de las nanociencias y las nanotecnologías. El nombre proviene de la escala en la que se realizan las investigaciones, algo realmente muy pequeño (un nanómetro es la millonésima parte de un metro). Se trata de un territorio novedoso, con implicaciones importantes en las áreas de la salud, la energía y los nuevos materiales, entre otras.

San Luis Potosí se convirtió repentinamente en tierra promisoria para los estudios en este campo. Cuando surgió el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICT) fueron atraídos dos jóvenes investigadores formados en el extranjero con las más altas calificaciones académicas: Humberto y Mauricio Terrones. De inmediato se pusieron a trabajar, logrando en poco tiempo colocar al país en los niveles más destacados en el concierto internacional. Crearon el primer posgrado en México en estas áreas, y sus investigaciones son reconocidas en el mundo.

Pero el ambiente en el que se desarrollan las tareas en el IPICT dista mucho de ser el más propicio para la creación científica. En diciembre de 2009, los hermanos Terrones fueron despedidos, con lo que quedaron truncados diversos proyectos de investigación y se generó gran incertidumbre sobre la suerte de los estudiantes y colaboradores de los dos expertos cesados.

La historia se remonta a varios años atrás, cuando el primer director de ese instituto, José Luis Morán López, fue sustituido y luego inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública acusado de nepotismo. En su lugar fue nombrado el doctor David Ríos Jara. Varios investigadores, entre ellos Humberto y Mauricio Terrones, habían denunciado diversas irregularidades. A partir de ese momento el ambiente en el IPICT se tornó irrespirable; los dos especialistas fueron separados primero de los cargos académicos que ocupaban y se convirtieron luego en blanco de acoso laboral –según lo denunciaron– por la nueva administración.

En junio de 2008 un grupo integrado por 60 científicos de diferentes partes del mundo, encabezados por el premio Nobel de Química Harold Kroto, dirigieron una carta al licenciado Felipe Calderón y a Juan Carlos Romero Hicks, director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). En la misiva expresa su temor de que los ataques a los hermanos Terrones pudieran destruir uno de los centros más promisorios en América Latina en el campo de las ciencias físicas. El tema fue recogido en julio de 2008 por la prestigiada revistaNature, con lo que el conflicto tomó proporciones mundiales. Me detengo en este capítulo del conflicto por la sorpresa que causó en ese entonces la intervención del director del IPICT, David Ríos, quien, lejos de buscar una solución y sanar el ambiente en la institución de la que es responsable, se dedicó a polemizar con la carta de Kroto y declaró a Nature que los Terrones eran muy ambiciosos y que no les gustaba la autoridad. Esta actitud no prometía nada bueno.

A pesar de lo anterior, en dos reuniones realizadas en febrero y marzo del año pasado se llegó por fin a un acuerdo: se crearía una unidad externa para las nanociencias y las nanotecnologías fuera de las instalaciones del IPICT. El director Ríos Jara informó que para ello se contaba con el respaldo del Conacyt. Parecía que todo llegaba a un final, si no feliz, al menos útil para continuar con las tareas científicas. Pero no fue así. Los investigadores fueron despedidos en diciembre y el pasado 6 de enero se impidió la entrada al doctor Mauricio Terrones al instituto. La vigilancia policiaca fue reforzada, sus cubículos fueron sellados y los nombres de los investigadores fueron retirados de sus laboratorios.

El conflicto llegó nuevamente a la revista Nature, la cual le dedicó un editorial el pasado jueves 11 de marzo. Harold Kroto y otros prestigiados científicos publicaron en ese mismo número una nueva carta en la que llaman a la comunidad científica a unir fuerzas para revertir esta situación. Señalan, con razón, que es un ejemplo vergonzoso para la ciencia de las naciones en desarrollo.

En México no podemos darnos el lujo de desperdiciar talento en ningún campo científico y mucho menos en un área de la ciencia de vanguardia. En mi opinión este caso muestra la pequeñez de algunos funcionarios, especialmente en el Conacyt, que dañan el desarrollo de un área del conocimiento, desprestigian a nuestro país y exhiben ante el mundo su incapacidad para resolver racionalmente un conflicto.

Qué es, en Cuba, ser un delicuente común

María Elena Cruz Varela

A Guillermo Fariñas y Orlando Zapata Tamayo,

La primera reacción fue de cólera. Deseos de prorrumpir a gritos en las conciencias dormidas de los repetidores que, en su función de papagayos, se llenan las bocas dando pábulo a infamias tales como que Orlando Zapata Tamayo, recientemente fallecido en Cuba tras una prolongada huelga de hambre, era un delincuente común, al igual que Guillermo Coco Fariñas, cuyo estado, por la misma causa, es de extrema gravedad.

Tras el primer impulso, lógico por demás y rezumando duelo, empecé a darle vueltas a la moviola, rebobinando la historia de esa isla donde, tristemente y a la vista de todos, ha llegado la hora de las inmolaciones.

¿Qué es, en Cuba, ser un delincuente común? Me pregunté. Le pregunté a doña Lázara, mi madre; pregunté a mis hermanos, a mis amigos, en fin, a todo compatriota que quisiera escucharme y llegué a la conclusión de que no existe, entre el cielo y la tierra, un cubano que escape al gigantesco marco de esa definición, impuesta a fuerza de arbitrariedad y es que en Cuba sólo hay dos tipos de delitos: los comunes y los bárbaros. Comunes somos todos los plebeyos, los que no pertenecemos a la casta del señor feudal y en cuanto a los bárbaros, ya saben a quiénes me refiero.

El 12 de marzo de 1962, acaban de cumplirse cuarenta y ocho años, se implementó el uso la libreta o cartilla de racionamiento y con ella, un estilo de vida: “lo que vino”, “lo que me toca” “lo que me dan” en resumen: lo único que merezco, empezó, como todo vocabulario, a conformar una nueva mentalidad restrictiva, basada, en principio, en la imposibilidad de elegir y tomar decisiones individuales hasta para alimentarse, vestirse, calzarse, etc. Ese fue el exitoso comienzo de una campaña muy hábil, de diseño perfecto, con el propósito de controlar a toda costa a los isleños, convenientemente censados y sujetos a los registros en las oficinas denominadas OFICODA, sin cuya autorización no podías viajar por el interior del país. Los artículos de primera necesidad fueron desapareciendo de bodegas y tiendas, mientras aparecían como por arte de magia en los crecientes mercados negros. El robo se institucionalizó y con él, la frenética actividad del contrabando pasó a sustituir las demandas normales de cualquier sociedad. La gran mayoría de la población empezó a sobrevivir en la cuerda floja de una ilegalidad prefabricada. “Aquí no hay nada, pero se consigue de todo”, comentábamos en voz baja. Eso era y sigue siendo verdad. Cualquier cosa, por absurda que parezca, se puede obtener de estraperlo, con lo cual, se extendió por toda la isla un profundo sentimiento de marginalidad que terminó vulnerándonos profundamente.

Como acotación y viéndola venir, apunto que el cacareado bloqueo o embargo nada tuvo ni tiene que ver en el asunto: al régimen venezolano, encabezado por esa mutación política llamada Hugo Chávez, no se le ha impuesto embargo alguno y va, paso por paso, calcando el modelo castrista de repartición de la miseria.

En la isla todo se viró del revés; las fronteras entre lo legal y lo ilegal se hicieron tan imprecisas, que orientarse en medio de la confusión y las dudas incrementó otro de los más anquilosantes sentimientos: la culpabilidad de quien siente que está faltando en algo y espera, de un momento a otro, los temidos golpes en la puerta.

El hecho de saber que está cometiendo un delito, aunque sea en función de cubrir sus necesidades básicas, es suficiente para que un ser humano se paralice moralmente. Sobrevivir, escapar, rapiñar, son actitudes que lastran hondamente la psiquis del hombre en sentido genérico y terminan devaluándolo ante sus propios ojos.

Delincuentes fueron considerados los primeros en llevar el pelo largo; los pioneros en el uso de pantalones con patas de campana; los que escuchaban a The Beatles, los gays, las lesbianas, los católicos; los intelectuales con ínfulas de independencia, en fin…
El hábito de mentir a cajas destempladas se instaló en cada hogar, en las escuelas, en los centros de trabajo. Mentir, en Cuba, no constituye delito pero, decir o escribir lo que piensas, sí es delito común. Si eres delator estás bien visto; si te declaras pacifista, eres el más común de los delincuentes.

Las tiendas, los hoteles, las playas y restaurantes sólo para turistas extranjeros añadieron gran dosis de ansiedad sobre nuestra pobre estima a ras del suelo. Médicos, arquitectos, profesores, ingenieros, etc., fueron convertidos en delincuentes para mayor conveniencia del régimen porque, quien se come un filete de trasmano y se atreva a expresar libremente su opinión, será apresado, juzgado y encarcelado como un delincuente común, lo mismo quien no acepte el maltrato policial, o quien no esté dispuesto a que el techo se le caiga encima y compre “por la izquierda” —curioso término- los materiales de reparación.

Para huir de los bárbaros nos convertirnos en delincuentes migratorios, expertos en salidas ilegales, entradas ilegales y a vivir ilegalmente en el sitio al que lleguemos, si tenemos la suerte de llegar.

Quienes permanecen en la isla, hombres y mujeres, mayores y menores por igual, están obligados a ejercer cualquier tipo de prostitución, no sólo la sexual. Se miente, se roba, se compra lo robado por otros, se anhela con fervor la mesada que desde el exilio envían los parientes que una vez fueron despedidos con insultos y piedras.

¡Cualquiera puede ser delincuente común en un país que durante décadas ha servido de refugio y campo de entrenamiento a los etarras y donde, en 1981, se inauguró a bombo y platillo un monumento a los miembros del Ejército Republicano Irlandés (IRA) muertos en huelga de hambre y sin embargo, deja morir de hambre y de ignominia a quienes son internacionalmente reconocidos como Prisioneros de Conciencia!
Todo esto se hace con la anuencia del sistema, que quita de aquí para poner allá manteniendo a todo el mundo en un espeso limbo de transgresión, con los sentidos direccionados únicamente hacia la supervivencia y bueno, sabido es que los hambrientos nunca se rebelan, el estómago debe estar lleno para que el pensamiento de rebelión se geste en la cabeza. Así fue, así es y así será en todos los sitios y en todas las épocas y si a esto le añadimos que en Cuba, cualquier delito, incluso asesinar, es tratado con menos rigor que el de convertirse en un C.R. -siglas con las que, entre la oficialidad, se refieren a los Contra Revolucionarios- ya podemos hacernos una idea de lo difícil que es comprar un pollo a hurtadillas y a la vez manifestarse a favor de un cambio político.

Una lista de los logros obtenidos por la “robolución” cubana en ese único y estricto sentido, se haría interminable, pero así es y debemos asumirlo: en Cuba, si estás vivo y no eres del partido de los bárbaros, eres un delincuente común, no importa cómo tires la moneda, siempre caerá del lado contrario. Por lo pronto, la pregunta que me hago es si, en verdad, todos y cada uno de los hombres y mujeres que abarrotan las cárceles no son sino prisioneros políticos reconvertidos en delincuentes comunes producto de la locura y la necesidad.
¡Jamás ningún plan de exterminio masivo a largo plazo ha fun- cionado de manera tan sistemática y certera!

Nunca volveré a sentirme ofendida porque la tiranía y sus repetidores nos llamen delincuentes comunes. Allí nacimos, Allí compramos carne, jabón, dentífrico, bragas, calcetines, papel de baño, libros en el mercado negro. ¿Delincuentes comunes? ¡A mucha honra! ¿Y qué?

Escándalo homosexual en el Vaticano

Redacción BBC Mundo

Dos empleados del Vaticano fueron removidos de sus cargos tras haber sido implicados en una red de prostitución homosexual, en lo que constituye un nuevo escándalo que salpica a la Santa Sede.

Un ayudante del Papa Benedicto XVI y un integrante de un coro de la basílica de San Pedro fueron expulsados de sus cargos luego que sus nombres aparecieron en transcripciones de conversaciones telefónicas interceptadas por la policía, que a su vez fueron publicadas por un periódico italiano.

Un portavoz del Vaticano le dijo a la BBC que el Papa está informado del caso.

"El escándalo homosexual del Vaticano, como lo denominan algunos periódicos, acapara titulares en Italia", informó el corresponsal de la BBC en Roma, Duncan Kennedy.

"Según informes, Thomas Ehiem –un corista del Vaticano de 29 años de edad- supuestamente habría sido un intermediario que buscaba jóvenes quiénes posteriormente sostendrían encuentros homosexuales con Angelo Balducci", indicó nuestro corresponsal.

De acuerdo a Kennedy, Balducci es un 'Gentilhombre de Su Santidad', es decir, un asistente cercano al Papa cuando éste se reúne con importantes visitantes.

Diálogos

Las conversaciones filtradas a la prensa incluyen un diálogo entre los dos hombres.

Las transcripciones sugieren que Ehiem consiguió al menos diez contactos para Balducci, entre ellos varios modelos y un jugador de rugby.

Duncan Kennedy, corresponsal de la BBC en Roma

"En una llamada, Balducci le pregunta a Ehiem si éste ha 'hablado con el seminarista'. Por su parte, Ehiem le responde: 'Posiblemente esté en la misa'", señaló Kennedy.

"En otra conversación, Ehiem describe a otro hombre como 'de 2 metros, 97 kilos, tiene 33 años de edad y completamente activo'".

"Las transcripciones sugieren que Ehiem consiguió al menos diez contactos para Balducci, entre ellos varios modelos y un jugador de rugby", indicó Kennedy.

De acuerdo a la policía, las interceptaciones al teléfono de Balducci se llevaron a cabo en conexión con otra investigación separada –y no vinculada al Vaticano- sobre corrupción, afirmó nuestro corresponsal.

Se tiene entendido que Ethiem cantó frente al Papa Benedicto XVI en Navidad como parte de sus obligaciones en el coro vaticano.

El papel de Balducci como Gentilhombre de Su Santidad incluye asistir en los eventos donde están involucrados jefes de Estado y llevar el ataúd en los funerales papales, concluyó Kennedy.